La exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) se ha convertido en una de las herramientas más relevantes dentro del sistema de segunda oportunidad en España. Este mecanismo permite que personas físicas insolventes puedan cancelar determinadas deudas tras un procedimiento concursal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026 han introducido importantes criterios interpretativos sobre la buena fe del deudor, la exoneración del crédito público y la correcta identificación de las deudas. A continuación, analizamos las principales claves jurídicas de esta figura y su impacto práctico.

¿Qué es la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI)?

El sistema de segunda oportunidad recogido en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) pretende ofrecer una solución eficaz para la rehabilitación económica de las personas físicas que se encuentran en situación de insolvencia. El mecanismo central de esta segunda oportunidad es la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), que habilita la exoneración de deudas impagadas tras un procedimiento de concurso de acreedores siempre que concurran determinadas circunstancias legalmente previstas.

En su redacción actual, el TRLC prevé que un deudor persona física insolvente puede solicitar la exoneración de las deudas que no ha podido satisfacer tras la liquidación de su patrimonio. El punto de partida legal es que las deudas insatisfechas pueden ser objeto de exoneración, salvo las excepciones específicas que la ley contempla. Tales excepciones se relacionan en el artículo 489 TRLC, entre las que figuran las deudas con garantía real (préstamos hipotecarios) o la deuda pública, pudiendo exonerarse hasta 10.000 € para aquella contraída con Hacienda o Seguridad Social.

Esta institución se articula como un beneficio sujeto a control judicial riguroso y a límites objetivos y subjetivos que derivan tanto de la ley como de la interpretación que de ella ha hecho la Sala Primera del Tribunal Supremo en varias sentencias de 18 de febrero de 2026 (SSTS 259/2026 a 264/2026).

La buena fe del deudor y el control judicial en la segunda oportunidad

¿Por qué es tan importante la buena fe del deudor?

Un pilar central del EPI es el requisito de la buena fe del deudor (art. 486 TRLC). El Tribunal Supremo ha reforzado que la buena fe no es un concepto indeterminado o puramente formal, sino un sistema tasado de exclusiones subjetivas con criterios jurídicos estrictos. El deudor que solicita exoneración debe acreditar que su comportamiento no se encuentra dentro de las causas de exclusión tasadas por el TRLC, entre las que se incluyen la prevista en el artículo 487.1.6º. TRLC, relativo al endeudamiento temerario o negligente.

El juez del concurso debe ejercer un control judicial directo sobre la concurrencia de buena fe, lo que implica verificar de oficio si los requisitos legales se cumplen. La carga probatoria recae sobre el deudor, quien debe aportar documentación que justifique el origen y circunstancias de sus deudas, así como la ausencia de elementos fraudulentos o de abuso de derecho que entrarían en las causas de exclusión.

Este enfoque protege tanto la finalidad rehabilitadora de la exoneración como la integridad del procedimiento concursal, evitando que el EPI se convierta en un instrumento automático de cancelación de obligaciones sin control judicial riguroso. Que no exista oposición de los acreedores, lo cual es frecuente sobre todo en concursos sin masa (en esencia, sin bienes que liquidar previamente a la exoneración), no implica la ausencia de control de oficio sobre la buena fe del deudor, lo que exige una mayor rigurosidad documental previa a la solicitud del concurso.

La exoneración del crédito público en la Ley Concursal

¿Se pueden cancelar deudas con Hacienda y Seguridad Social?

El tratamiento del crédito público (deudas frente a Hacienda, Seguridad Social y demás entidades públicas) ha sido uno de los puntos de debate más intensos dentro de los procedimientos concursales que persiguen la exoneración. El artículo 489.1.5.º del TRLC limita la exoneración del crédito público, pero la interpretación jurisprudencial de febrero de 2026 ha aportado matices de gran relevancia práctica.

Los créditos públicos que tengan consideración, en el marco concursal, de subordinados, pueden ser íntegramente exonerados. Entre estos conceptos se incluyen recargos e intereses derivados de deudas públicas.

Por otra parte, y a pesar de la redacción literal del artículo 489.1.5º TRLC, que únicamente menciona los créditos de la AEAT y de la Seguridad Social, el Tribunal Supremo interpreta que la exclusión de la exoneración es parcial y se aplica a cualquier tipo de crédito de Derecho público, independientemente de la entidad encargada de su recaudación, siempre que dicho crédito sea considerado como de Derecho público.

Asimismo, el límite de 10.000 euros que contempla el TRLC para la exoneración del crédito público se debe aplicar por cada uno de los acreedores de forma individualizada, y no como un límite máximo para la exoneración de esta clase de deudas, con independencia de cuales o cuantos sean los entes recaudadores.

La importancia de identificar correctamente las deudas

¿Por qué es clave detallar todos los acreedores en el concurso?

La práctica judicial habitual entendía que la exoneración del pasivo insatisfecho se concedía al deudor con una fecha de referencia, sin limitar la exoneración únicamente a los créditos informados durante el procedimiento concursal, sino a todos aquellos que cumplieran con los requisitos del TRLC a la fecha de la resolución judicial. Este enfoque, sin embargo, ha quedado obsoleto.

El Tribunal Supremo ha establecido que debe existir una correlación precisa entre la resolución judicial que aprueba la exoneración y los créditos exonerados, exigiendo que la resolución identifique específicamente los créditos que se beneficiarán de la exoneración.

Esta exigencia refuerza la necesidad de una relación detallada de acreedores como documento fundamental a la hora de presentar la solicitud de concurso de persona física. La identificación precisa de los acreedores y las cantidades adeudadas es un paso esencial para garantizar la transparencia del proceso concursal y permitir que el juez del concurso pueda evaluar de manera clara y efectiva el alcance de la exoneración, para conseguir un proceso íntegro que asegure con éxito la exoneración del total del crédito.

Conclusión

La jurisprudencia del Tribunal Supremo supone otra vuelta de tuerca a la institución del EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho). En primer lugar, se aclaran aspectos clave con relación al crédito público, lo que puede resultar de gran beneficio para los deudores que, principalmente, tengan este tipo de deudas, especialmente aquellos que arrastran recargos e intereses acumulados a lo largo de muchos años. Esta interpretación amplia y matizada permite que estos deudores accedan a la exoneración en términos más favorables, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Por otro lado, el EPI requiere, ahora más que nunca, probar la buena fe del deudor. El Tribunal Supremo ha dejado claro que este mecanismo premia al deudor que sea capaz de relacionar con detalle los créditos debidos y las deudas, y demostrar un endeudamiento no temerario. El deudor debe poder acreditar su solvencia histórica, así como las causas legítimas de su endeudamiento. Este enfoque busca garantizar que solo aquellos que han actuado con transparencia y honestidad en su situación financiera puedan beneficiarse de la segunda oportunidad.

Es fundamental, por ende, contar con un equipo especializado que valore, caso por caso, el acceso y alcance de la exoneración, y le asesore para tratar de documentar el proceso de la forma más detallada posible. En Atlántico Abogados ofrecemos asesoramiento integral en materia concursal y de segunda oportunidad para garantizar que su caso y solicitud cumpla con los requisitos legales concurrentes y evitar complicaciones en el proceso.