Hace poco más de un año valoramos empezar un proceso judicial contra una serie de aseguradoras para reclamar las indemnizaciones correspondientes por los daños derivados de los cierres forzosos a causa del COVID 19 (al amparo de los seguros de interrupción de negocio).

A lo largo de la pandemia, algunos periódicos se hacían eco de noticias que daban la razón a propietarios que reclamaban indemnizaciones tras el cierre obligatorio. En estos casos, las pólizas de seguros cubrían las pérdidas económicas ocasionadas por la paralización temporal, total o parcial de la actividad empresarial asegurada pero excluía aquellas pérdidas producidas por limitaciones y restricciones impuestas por organismos o autoridades públicas, o por cualquier caso de fuerza mayor. Y es que, aunque las pólizas recogían estas excepciones, la justicia, en determinados casos como el de la Audiencia Provincial de Girona, ha interpretado que estas exclusiones son una clara limitación de los derechos del asegurado, y como tales, han de ser específicamente aceptadas y firmadas. Al no estarlo, como en el caso de la Audiencia Provincial de Girona, se condena a la aseguradora a pagar la indemnización correspondiente.

Las cláusulas de los contratos de seguros de los clientes que hemos revisado hasta la fecha, eran de contenido similar, si bien, existían dudas sobre su interpretación, como al final se terminó viendo en las diferentes sentencias que se vinieron dictando hasta el día de hoy en supuestos similares a estos.

Mientras unos juzgados seguían el criterio iniciado por la Audiencia Provincial de Girona y consideraban que estas cláusulas eran de limitación de derechos para el asegurado, otros dieron la razón a las aseguradoras, considerando las cláusulas como meramente delimitadoras del riesgo, resultando así oponibles al asegurado, por lo que no procedía la condena a la aseguradora.

Tras estudiar a fondo los contratos de seguros, y la jurisprudencia, podemos afirmar que hasta el momento no hay una jurisprudencia uniforme, y cada caso concreto tiene especialidades. Por ello, se hace necesario conocer y reflexionar sobre cada supuesto concreto a fin de estudiar cómo encaja este en la jurisprudencia y ver cuáles son sus posibilidades de prosperar.

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